CERCA DEL 70% DE LOS PADRES NO CUMPLE CON LA CUOTA ALIMENTARIA

Luego de los datos obtenidos de un informe del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, se pudo conocer que casi el 70% de los padres bonaerenses no cumplen con la obligación alimentaria o lo hacen eventualmente. El primer diagnóstico reveló que la violencia económica atraviesa todas las clases sociales, aunque "impacta con mayor dureza a los hogares monomarentales de los sectores populares".

El informe denominado "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género", es el que se hizo en base a una encuesta que respondieron 6442 mujeres de los 125 municipios y más de 50 entrevistas.

Dicho trabajo se hizo también en las provincia de La Pampa y Catamarca, donde los resultados fueron similares.

La encuesta realizada en el territorio marca que más de la mitad de las encuestadas (51,2%) no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijos. Dentro del grupo de encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación alimentaria (41,2%), un 24,9% menciona que este lo realiza de manera regular y un 15,3% de manera irregular. Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria o sólo la percibe circunstancialmente.

Y una infima proporción(7,9%), las mujeres señalan que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.

Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense, destacó dos aspectos del alto incumplimiento de las obligaciones parentales:
Primero "la vulneración del derecho de las infancias y juventudes a ser cuidadas, en todos los aspectos de su vida y desarrollo, por sus progenitores".


Y por otro lado "el impacto que la falta de aporte económico al sustento vital de las y los hijos tiene sobre la situación de pobreza, la falta de autonomía y la sobrecarga de tareas de cuidado, a las que principalmente las mujeres suelen hacer frente, en muchísimos casos, desde hogares monomarentales", es decir una familia conviviente constituida por un solo adulto y al menos un menor.

El informe aportó además que solo el 10% de las encuestadas consideró que es suficiente el dinero para cubrir todos los gastos y necesidades de las y los hijos.


Para sostener económicamente la familia, cuando no hay aporte del padre, las mujeres deben incrementar las horas de trabajo y muchas se endeudan. De las encuestadas, el 44% depende de dinero prestado, ya sea de familiares como de bancos y financieras, para completar sus ingresos mensuales.


Así, el incumplimiento de la obligación alimentaria hace pasar a las mujeres de la condición de acreedoras (ya que a ellas se les debe la distribución en igualdad de la manutención y el cuidado de hijos e hijas) a la condición de deudoras, afectando la posibilidad de ejercer una vida autónoma.

Allí se explicó que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no solo se expresa en las necesidades materiales cotidianas (alimentación,  vestimenta o salud de niñas, niños y adolescentes), sino que supone también el desligamiento respecto a las responsabilidades de cuidado y crianza por parte de los progenitores.


El análisis demostró que la ausencia de los progenitores varones en las responsabilidades de cuidado es transversal a los distintos sectores sociales.


"No obstante, impacta con mayor dureza a los hogares monomarentales de los sectores populares, produciendo efectos negativos en las condiciones de vida y la salud de las mujeres", señaló la ministra.

Muchas madres no optan por la salida judicial porque atravesaron situaciones de violencia, agotamiento e incluso se endeudaron para poder pagar un servicio jurídico, sin garantías de que todo ese esfuerzo redunde en el cobro efectivo de la obligación alimentaria.


A esto se suma que casi la mitad de las encuestadas (45,9%) dijo desconocer el marco normativo que garantiza sus derechos y el de la niñez.


Otro dato en este sentido es que el 65% no conoce centros de atención, asesorías de familia o centros de acceso a la justicia donde pueden ser asesoradas.


El informe resaltó que "la mayoría de las personas, incluyendo a los progenitores y operadores de justicia, entre otros, no consideran que el pago de la obligación alimentaria sea un derecho de las infancias y una medida en contra de la violencia económica".

El documento concluye con una serie de recomendaciones para los poderes del Estado "y también promueve la revisión de prácticas sociales y comunicacionales. Esperamos, además, que aporte en el sentido de las transformaciones culturales pendientes", dijo Diaz.